
Sevilla, 22/IV/2026 – 08:56 h CET (UTC+2)
Durante mis años de vida laboral en Huelva, hace más de cuatro décadas, conocí personalmente unos asentamientos “ilegales” en los pinares de Mazagón, donde malvivían migrantes que trabajaban ya recogiendo fresas en Moguer y Palos de la Frontera, también en Lucena del Puerto, viviendo en unas condiciones lamentables. No es un trabajo de reciente historia, porque hay que tener en cuenta que este cultivo tiene un siglo de existencia en esa provincia, al haberse cumplido en 2023 el centenario del inicio del cultivo de la fresa en Huelva, tal y como se expone en un trabajo excelente, Las variedades de fresa en Huelva. Un siglo de historia (1923-2023), publicado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de la Junta de Andalucía. Para hacerse una idea de la evolución de la superficie de cultivo y la necesaria mano de obra en todo el proceso esencial de plantación y, sobre todo, de recogida, basta conocer la evolución de la superficie plantada de fresa desde 1964 a 2023, que alcanzó en este último año un total de 7.000 hectáreas, con picos a comienzo de este siglo de casi 9.000.
Han pasado muchos años y aquella realidad social se ha multiplicado de forma exponencial hasta nuestros días. Es verdad que se ha avanzado mucho desde el punto de vista de regulación laboral, por la contratación en los países de origen de los temporeros que cada año vienen a Huelva para las campañas de recogida de fresas y otros frutos rojos, sobre todo mujeres de Marruecos, Honduras y Ecuador, pero la realidad de los asentamientos de temporeros “irregulares” sigue mostrando la vulnerabilidad de muchos trabajos al margen de la ley.
No olvido el informe emitido en 2020, por Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, tras su visita a España para conocer las condiciones de vida de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, de los que dijo en su declaración que “muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país, un poblado de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, cuyos habitantes (trabajadoras y trabajadores migrantes) han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice”, haciendo también referencia a la situación de las mujeres migrantes: “Las organizaciones de la sociedad civil describieron situaciones sumamente angustiosas de mujeres y niñas migrantes, especialmente empleadas en la agricultura, que sufrían una gran vulnerabilidad, estaban expuestas a la explotación sexual y comercial, eran objeto de la violencia institucional y carecían de la protección más básica. Según la asociación internacional de defensa de los derechos de las mujeres Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas suelen ser engañadas en cuanto a las condiciones de su empleo y deben trabajar diez horas al día, pueden ser despedidas en cualquier momento, reciben salarios muy inferiores a los 40 euros diarios prometidos y no se les paga con regularidad.” (Alston, 2020, pág. 18 Inciso 74).
Para ahondar en las características de la población migrante, tan denostada en la actualidad, que trabaja en las campañas de recolección de Huelva, es importante señalar que se dividen en la actualidad en tres grupos (1):
1. Trabajadoras contratadas en origen (mayoritariamente en Marruecos y desde el año 2022 en Honduras y Ecuador).
2. Trabajadoras migrantes temporeras que se desplazan a Huelva para la campaña de reco-lección y habitan los campamentos “chabolistas” que proliferan en la comarca. En los últimos años, se registra un aumento importante de mujeres en esta situación.
3. Población migrante que reside de forma permanente en Huelva. Para la campaña de 2023 se concedieron 15.000 autorizaciones de residencia a través del procedimiento de contratación en origen a 550 trabajadoras/es procedentes de Honduras, 250 procedentes de Ecuador y 14.200 procedentes de Marruecos (Andalucía Información, 2023)”.
Relato lo anterior porque he sentido una emoción especial de carácter social al conocer la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que “da comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año”. Según fuentes oficiales, “La regularización extraordinaria es el primer hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. Estará abierto hasta el 30 de junio”.
Esta regularización extraordinaria afectará a casi 700.000 migrantes en este país. Es una respuesta social, de carácter público, que hace justicia a situaciones incomprensibles durante décadas, en un país que los necesita incorporar a su vida ordinaria. Es por lo que el título metafórico utilizado hoy en este artículo, a título de ejemplo, nos llevará a reconocer en un tiempo no lejano, que las fresas y otros frutos rojos de Huelva, recogidos por manos de migrantes vulnerables, nos sabrán pronto a una varietal común de nombre “dignidad”.
(1) Boletín de igualdad en el empleo, 5, mayo 2023.
NOTA: la imagen se ha recuperado del Boletín de igualdad en el empleo, 5, mayo 2023.
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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